Telegram se ha consolidado como una de las plataformas digitales más influyentes del mundo, pero también como un espacio fértil para el cibercrimen y la desinformación. Su política laxa de moderación, sumada a herramientas técnicas diseñadas para la privacidad y la automatización, la han convertido durante años en el canal preferido de ciberdelincuentes, estafadores y agitadores digitales.
El debate volvió al centro de la conversación pública tras un mensaje difundido por Pável Dúrov, fundador de la aplicación, dirigido a millones de usuarios en España. En él, el empresario criticó las nuevas regulaciones anunciadas por el Gobierno español sobre redes sociales y responsabilidad legal de sus directivos. Sin embargo, omitió un elemento clave: Telegram apenas ejerce control sobre los contenidos que circulan en su plataforma, lo que ha facilitado la propagación de delitos digitales y bulos masivos.
Las autoridades conocen bien este patrón. Por su inacción sostenida, Dúrov fue detenido en agosto de 2024 en Francia, acusado —entre otros cargos— de complicidad en la difusión de pornografía infantil a través de Telegram. Aunque la investigación sigue abierta, el empresario regresó posteriormente a Dubái, donde reside desde 2014.
El contraste entre el discurso libertario del fundador y la realidad operativa de la plataforma es evidente. Telegram alberga desde hace años mercados clandestinos que comercian con credenciales bancarias robadas, malware, servicios de ransomware y ataques informáticos automatizados. Bots programados permiten gestionar ventas ilegales, procesar pagos en criptomonedas y distribuir material ilícito sin intervención humana. Su almacenamiento prácticamente ilimitado facilita, además, la difusión de bases de datos filtradas y documentos robados.
En España, las fuerzas de seguridad han desmantelado redes criminales que utilizaban Telegram como centro de operaciones. Canales con nombres explícitos operaron durante años sin obstáculos, mientras la plataforma evitaba intervenir.
No obstante, el panorama empieza a cambiar. Un informe reciente de Kaspersky revela que Telegram y el cibercrimen atraviesan una fase de tensión creciente. El aumento de bloqueos y la mayor cooperación policial han alterado la relación riesgo-beneficio para los delincuentes, que comienzan a migrar hacia otras plataformas o a desarrollar sistemas propios de mensajería privada.
Paradójicamente, Telegram también presenta limitaciones técnicas para el delito: el cifrado de extremo a extremo no está activado por defecto y su infraestructura centralizada impide el control total de los datos por parte de los usuarios, algo que los grupos criminales más sofisticados empiezan a considerar una desventaja.
Más allá del crimen digital, Telegram se ha transformado en un avispero de desinformación. Su capacidad para difundir mensajes a decenas de miles de personas sin filtros lo ha convertido en una herramienta clave para campañas de odio, teorías conspirativas y movilizaciones extremistas. Desde bulos tras tragedias recientes hasta llamados a la violencia contra migrantes, la plataforma ha demostrado su poder para amplificar narrativas peligrosas.
Telegram sigue creciendo, pero su imagen pública ya no es la de un refugio neutral de libertad digital. Hoy, el reto para la plataforma no es solo tecnológico, sino político y ético: decidir si quiere seguir siendo un territorio sin ley o asumir la responsabilidad que acompaña a su influencia global.
