El nuevo registro de desaparecidos expone fallas en la investigación de las fiscalías en México
La actualización del registro nacional de personas desaparecidas en México ha reavivado la polémica sobre la calidad de los datos y, sobre todo, sobre el desempeño de las fiscalías. Las cifras más recientes no solo evidencian inconsistencias en los registros, sino también una limitada acción institucional para investigar los casos.
Miles de desapariciones sin investigación formal
De acuerdo con la nueva clasificación oficial, existen 43.128 casos confirmados de personas desaparecidas. Sin embargo, las fiscalías solo han iniciado investigaciones en 3.869 expedientes, lo que implica que la gran mayoría permanece sin una indagatoria formal.
Este dato refuerza una crítica constante de colectivos de víctimas: la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia.
Registros incompletos y cifras en disputa
El Gobierno federal ha señalado que, de las cerca de 130.000 personas reportadas como desaparecidas en las últimas dos décadas, una parte significativa presenta inconsistencias, duplicidades o contradicciones administrativas.
Aun así, organizaciones civiles advierten que errores en los registros no justifican excluir casos, sino que obligan a mejorar los mecanismos de documentación y seguimiento.
La presentación de estos datos ha generado dudas sobre el número real de desaparecidos y sobre los criterios utilizados para depurar la base.
Una crisis sostenida por dos décadas de violencia
El fenómeno de las desapariciones en México se inscribe en un contexto de violencia prolongada. La expansión de grupos criminales, la fragmentación de organizaciones delictivas y la participación de distintos actores, incluidos agentes del Estado, han configurado un escenario complejo.
Durante años, el país careció de un registro confiable. No fue sino hasta 2019 cuando se consolidó una base de datos nacional más estructurada, impulsada por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Tensiones entre gobierno y colectivos
Los intentos por depurar el registro han generado fricciones con organizaciones de la sociedad civil. En revisiones anteriores, miles de casos fueron eliminados, lo que derivó en cuestionamientos sobre la metodología utilizada.
Más allá de la discusión estadística, los colectivos señalan un problema de fondo: la falta de investigaciones efectivas y el papel central que han asumido las familias en la búsqueda de sus propios desaparecidos.
Obstáculos estructurales en la procuración de justicia
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro han advertido que el bajo número de carpetas de investigación refleja las dificultades que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos donde operan redes criminales.
La discusión ahora se centra en el desempeño de las fiscalías, tanto estatales como federales, y en la necesidad de transparentar su actuación frente a una crisis que sigue sin resolverse.
