Denuncia escala al plano internacional
El empresario Ricardo Salinas Pliego llevó su disputa fiscal con el Estado mexicano al ámbito internacional. Este martes presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusa persecución política por parte del Gobierno federal.
El conflicto surge tras años de litigios fiscales que el empresario perdió en todas las instancias nacionales. En noviembre pasado, la Suprema Corte cerró el último camino legal, dejando firme un adeudo de 51 mil millones de pesos con la autoridad fiscal.
Señalamientos contra el Estado mexicano
En su denuncia, el conglomerado empresarial de Salinas Pliego acusa hostigamiento fiscal, judicial y administrativo. Afirma que el Estado ha utilizado auditorías reiteradas y procesos legales para presionarlo.
También sostiene que se ha afectado su reputación mediante declaraciones públicas y que existe un uso político del aparato fiscal. El empresario expuso estos señalamientos tras reunirse con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en Washington.
“Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar.”
— Ricardo Salinas Pliego, tras su reunión en la CIDH.
Hacienda avanza hacia el cobro
El caso avanzó luego de que el Servicio de Administración Tributaria fijara el monto definitivo del adeudo. Con ello, el proceso entró en su etapa de ejecución, lo que permite exigir el pago inmediato.
La autoridad fiscal informó que el monto podría reducirse si el empresario paga de manera voluntaria. Sin embargo, hasta ahora no hay indicios de que esa opción sea considerada.
Un conflicto con impacto político
Aunque el recurso ante la CIDH puede tardar años y difícilmente revertirá el cobro fiscal, la denuncia mantiene vivo el conflicto. Especialistas señalan que los casos fiscales rara vez prosperan en tribunales internacionales.
El enfrentamiento también tiene un fuerte componente político. Salinas Pliego es uno de los críticos más visibles del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que el Ejecutivo ha hecho del combate a los grandes deudores una prioridad.
Más simbólico que jurídico
Incluso si la CIDH aceptara el caso, una resolución tomaría varios años. Aun con un fallo favorable, el proceso fiscal en México seguiría su curso.
Por ahora, la denuncia representa un golpe mediático y político, más que una vía efectiva para frenar el pago. La disputa, sin embargo, está lejos de terminar.
