La extorsión en minería mexicana se intensifica en paralelo al repunte histórico del oro y la plata. El secuestro de 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver en Sinaloa, ocurrido en enero, expuso la presión criminal que enfrentan compañías nacionales y extranjeras para operar en zonas bajo control territorial de grupos armados.
Precios récord, mayor riesgo
El alza de más de 120% en la plata y de 50% en el oro durante los últimos meses ha detonado una mayor actividad extractiva, tanto formal como informal. Este contexto ha ampliado el margen de acción del crimen organizado, que impone cobros de derecho de piso o fuerza la contratación de proveedores vinculados a sus redes.
Cinco de los mineros secuestrados fueron hallados sin vida en fosas clandestinas; otros cinco continúan desaparecidos. La empresa suspendió operaciones físicas y reforzó su esquema de seguridad, mientras mantiene labores de ingeniería a distancia.
Presión legal desde Estados Unidos
La designación en 2025 de cárteles como organizaciones terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos elevó el riesgo jurídico para compañías que paguen extorsiones. Empresas podrían enfrentar investigaciones por financiamiento ilícito o lavado de dinero. Ya se han reportado congelamientos de cuentas vinculadas a estos casos.
Un fenómeno nacional
La Cámara Minera de México reporta que 97% de las compañías del sector ha sufrido algún delito, principalmente robo y extorsión, con focos en Durango, Zacatecas y Guanajuato. Informes especializados indican que estos pagos criminales pueden elevar hasta 3% los costos de producción.
Expertos en seguridad advierten que, en regiones donde el crimen dicta las reglas, algunas empresas optan por establecer contactos indirectos para poder operar. La extorsión en minería mexicana no solo encarece proyectos, también presiona la estrategia de seguridad federal y pone en riesgo la inversión en uno de los sectores estratégicos del país.
