La defensora de derechos humanos Paula Virginia Rojas Prieto, fundadora del colectivo Buscando con el Corazón, denunció presunto abuso de autoridad y amenazas por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, luego de un operativo realizado en su domicilio en Salamanca.
Según su testimonio, los hechos ocurrieron cuando elementos ministeriales ingresaron a la vivienda ubicada en el fraccionamiento Arboledas, mientras en el lugar se encontraban cuatro menores de edad.
La buscadora aseguró que la intervención se realizó sin orden judicial y que los agentes causaron daños dentro del inmueble.
“Ahorita estoy siendo amenazada por agentes de Investigación Criminal de la Región B. Esto viene desde el año pasado y ya tiene conocimiento el fiscal general del estado”, declaró Paula Rojas.
Denuncia intimidación a menores
De acuerdo con su relato, durante la intervención los agentes retiraron teléfonos celulares a menores de 6, 8 y 12 años para evitar que se comunicaran con familiares.
También aseguró que los niños fueron interrogados sin la presencia de un agente del Ministerio Público y que una de las menores fue intimidada con un arma.
“A mi hija la amenazaron, le pusieron un arma en la cabeza y le preguntaron en dónde tenía yo el dinero y las joyas”, afirmó.
Rojas explicó que se enteró de lo ocurrido cuando vecinos del fraccionamiento alertaron en un chat comunitario sobre la presencia de varias unidades de la Fiscalía en su domicilio.
“Cuando estaba trabajando me avisaron en el chat del fraccionamiento. Le marqué a mi hija y, llorando, me dijo: ‘Mami, ven, que me acaban de poner un arma en la cabeza’”.
Tras regresar al lugar junto con familiares, aseguró que los agentes ya se retiraban. Posteriormente decidió acudir a la Fiscalía Regional B en Irapuato para presentar una denuncia formal.
Vincula el hecho con caso de desaparición de su esposo
Paula Rojas considera que lo ocurrido podría estar relacionado con la denuncia que presentó contra la Fiscalía estatal por presuntas irregularidades en la investigación por la desaparición de su esposo, Fernando, ocurrida en julio de 2020.
La buscadora explicó que inicialmente las autoridades le entregaron un cuerpo que supuestamente correspondía a su esposo, pero cinco años después se confirmó que pertenecía a otra persona.
“El 13 de agosto de 2020 me fue entregado un cuerpo que decían que era Fernando. Cinco años después resultó que no era él”, relató.
Fiscalía rechaza abuso de autoridad
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato rechazó que existiera abuso de autoridad durante la intervención.
En una ficha informativa, la institución señaló que el operativo se realizó como parte del seguimiento a una carpeta de investigación en curso.
De acuerdo con la versión oficial, los agentes ubicaron el inmueble durante labores de investigación y al encontrarlo abierto realizaron una revisión inicial conforme a protocolos.
Durante la inspección, indicó la Fiscalía, peritos localizaron cartuchos para armas de fuego, tanto de armas cortas como largas.
La institución afirmó que la diligencia se realizó sin ejercer violencia y sin personas detenidas, además de señalar que posteriormente se solicitó la orden judicial correspondiente para continuar con las investigaciones.
Mientras tanto, Paula Rojas pidió a las autoridades aclarar lo ocurrido y limpiar su nombre, al señalar que la presencia de agentes armados en su domicilio generó sospechas entre vecinos.
“No soy ninguna delincuente. Que no se les olvide que yo soy una víctima”, expresó.
Información e imagen por periódico am
