La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso sobre la mesa una de las fallas más sensibles del Estado: miles de desapariciones en el país nunca se investigaron formalmente. De acuerdo con datos oficiales, solo 3 mil 869 casos cuentan con una carpeta de investigación, pese a que el fenómeno se arrastra desde 2006.
Durante un informe presentado en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el diagnóstico surgió tras revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El resultado, dijo, refleja años de omisiones institucionales.
“De esos, solo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas”, señaló, al referirse a un universo mucho mayor de casos sin claridad jurídica.
El análisis también identificó que más de 43 mil personas desaparecidas no cuentan con información suficiente ni evidencia posterior que permita saber qué ocurrió con ellas. En muchos expedientes apenas existe un nombre o datos mínimos, lo que ha dificultado su localización.
Sheinbaum fue directa: durante años, las desapariciones se registraron sin que necesariamente se abriera una investigación. Esa práctica, aseguró, ya no puede continuar.
“La omisión de un funcionario público también está catalogada penalmente; se puede abrir una carpeta contra un funcionario que por omisión no abrió una investigación”, advirtió.
A partir de reformas recientes, ahora las autoridades están obligadas a iniciar una carpeta de investigación de forma inmediata ante cualquier reporte de desaparición. En caso contrario, los funcionarios podrán enfrentar sanciones administrativas, que van desde multas hasta destitución, e incluso procesos penales.
La presidenta subrayó que el objetivo es evitar que los casos queden en el abandono institucional. Para ello, el gobierno federal trabaja con fiscalías estatales para garantizar que cada desaparición active de manera automática un proceso formal de búsqueda.
Más allá de las cifras, el reto ahora es entender qué hay detrás de cada caso. La mandataria reconoció que aún no se puede determinar cuántas desapariciones están vinculadas al reclutamiento forzado por grupos criminales, debido a la falta de información en los registros.
“Hay que ir carpeta por carpeta para ver cuál fue el contexto en que desapareció la persona”, explicó.
En paralelo, el gobierno federal implementa acciones preventivas. Autoridades de seguridad mantienen coordinación con plataformas digitales para eliminar cuentas y páginas utilizadas por organizaciones criminales para captar jóvenes.
El mensaje central del gobierno es claro: cada desaparición debe investigarse y cada omisión tendrá consecuencias. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme, pues implica reconstruir años de rezago y dar respuesta a miles de familias que aún buscan a sus seres queridos.
