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viernes, febrero 6, 2026

Operativo Enjambre es urgente en Guanajuato para frenar al crimen organizado, advierte experto

El estado de Guanajuato aún se encuentra a tiempo de contener la penetración del crimen organizado en sus gobiernos municipales, pero para lograrlo es necesario implementar un esquema similar al Operativo Enjambre, aseguró el analista y consultor en seguridad David Saucedo Torres.

De acuerdo con el especialista, aunque diversas entidades del país enfrentan escenarios complejos de colusión entre autoridades y grupos delictivos, en Guanajuato todavía existe margen de maniobra para intervenir antes de que la situación escale a niveles más graves. El principal riesgo, advirtió, es la falta de acción institucional.

Saucedo señaló que desde hace años se ha tolerado la presencia del crimen organizado en campañas políticas municipales, ya sea mediante la imposición de candidatos, el financiamiento ilegal o la presión directa sobre autoridades locales. Esta dinámica, dijo, ha permitido que grupos delictivos consoliden su operación territorial con protección política.

El analista explicó que existen al menos tres formas de vinculación entre gobiernos municipales y el crimen organizado: autoridades que colaboran bajo amenaza o extorsión; aquellas que adoptan una postura omisa y permiten la operación criminal; y casos más graves en los que funcionarios forman parte activa de las estructuras delictivas y reciben beneficios económicos.

Aunque descartó, por ahora, la existencia de un “narcogobernador” en Guanajuato, Saucedo advirtió que, si no se actúa con firmeza, el riesgo podría trasladarse a niveles más altos de gobierno en el futuro. En ese contexto, subrayó que las áreas de seguridad pública municipal suelen ser el rostro más visible de la infiltración criminal.

Finalmente, consideró que un eventual Operativo Enjambre en Guanajuato debería realizarse de manera coordinada entre el Gobierno Federal y el estatal. Esta colaboración, sostuvo, ayudaría a evitar lecturas de persecución política y fortalecería la legitimidad de las acciones contra autoridades coludidas.

Crédito: información basada en un reporte de El Sol / Organización Editorial Mexicana.

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