El Gobierno federal asestó un golpe relevante a las redes de extorsión que operan en el Estado de México. En una operación coordinada, autoridades detuvieron a 102 personas y aseguraron 192 inmuebles utilizados como centros de fraude telefónico y préstamos ilegales.
Call centers del fraude: así operaban
La llamada Operación Desconexión permitió desarticular una estructura que funcionaba desde oficinas disfrazadas de call centers.
Desde ahí, los operadores contactaban a sus víctimas para manipularlas. Primero obtenían datos personales; después, ejercían presión para exigir dinero mediante transferencias o amenazas.
En otros casos, simulaban ser instituciones financieras y ofrecían créditos inmediatos. Sin embargo, se trataba de préstamos con intereses abusivos —los conocidos “gota a gota”— que terminaban por ahogar económicamente a quienes los aceptaban.
Un delito que crece pese a los esfuerzos
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más persistentes en México. Afecta tanto a trabajadores como a empresarios y, en muchos casos, ni siquiera se denuncia.
Datos oficiales indican que este delito ha aumentado en los últimos años, lo que evidencia la dificultad para contenerlo, incluso con nuevas estrategias de seguridad.
Una operación de 46 días
El operativo se desarrolló durante 46 días y contó con la participación de fuerzas federales y estatales, entre ellas el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y fiscalías.
Durante las intervenciones, las autoridades también decomisaron computadoras, teléfonos, chips y dinero en efectivo vinculados a estas actividades ilícitas.
La estrategia: atacar la estructura completa
Más allá de las detenciones, el objetivo fue desmantelar la infraestructura que sostiene estos delitos: oficinas, tecnología y redes de operación.
La intervención busca frenar esquemas de extorsión que se han trasladado a medios digitales y telefónicos, donde los delincuentes operan con rapidez y bajo anonimato.
Un reto aún abierto
Aunque el golpe es significativo, el desafío continúa. La extorsión sigue siendo uno de los delitos más difíciles de erradicar en el país.
Las autoridades apuestan por nuevas leyes y operativos como este para contener un problema que evoluciona constantemente y afecta a miles de personas.