México crece poco y el margen fiscal es estrecho. Con ese diagnóstico de fondo, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió mover una de las piezas clave de su política económica: la inversión pública. La presidenta anunció el arranque de un plan que busca elevarla hasta el 2% del Producto Interno Bruto durante este año, como parte del fortalecimiento del llamado Plan México.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el aumento se logrará mediante distintos vehículos financieros diseñados por la Secretaría de Hacienda. Solo en 2026, la inversión pública crecerá en más de 722 mil millones de pesos, con énfasis en carreteras, agua y energía. La apuesta es clara: detonar desarrollo en un momento en el que la economía avanza por debajo del 1% anual.
El plan no se limita al corto plazo. De acuerdo con Hacienda, el portafolio contempla más de 1,500 proyectos públicos y mixtos que se desplegarán entre 2026 y 2030, con un valor conjunto superior a los 5.6 billones de pesos. Para hacerlo viable, el gobierno recurrirá a alianzas con el sector privado, bajo esquemas que permitan atraer capital sin perder control sobre las obras.
La lógica detrás de este modelo, según explicó el director de Banobras, Jorge Mendoza, es que el Estado defina las reglas, los objetivos sociales y conserve la mayoría accionaria, mientras comparte riesgos y beneficios con los inversionistas. No depender únicamente del presupuesto federal es, en este contexto, una forma de proteger las finanzas públicas y asegurar que los proyectos puedan financiarse.
La urgencia de elevar la inversión corre en paralelo a las cifras económicas. En 2025, el PIB apenas creció 0.7%. Para este año, el Presupuesto de Egresos asciende a 10.1 billones de pesos y el déficit fiscal ronda el 4.3%. Sin una reforma fiscal en el horizonte inmediato, el gobierno busca una tercera vía: combinar recursos públicos con capital privado para sostener el ritmo de inversión.
El plan se apoyará también en una nueva legislación de promoción a la inversión, pensada para facilitar el uso de fondos especializados y créditos. Más que un giro ideológico, la estrategia refleja una lectura pragmática del momento económico: invertir más, pero hacerlo con nuevos instrumentos.
Así, la inversión pública al 2% del PIB se convierte en uno de los ejes centrales del inicio del sexenio. No como promesa abstracta, sino como respuesta a una economía que exige movimiento, certidumbre y un delicado balance entre Estado y mercado.
