La estrategia de seguridad en Sinaloa enfrenta una de sus pruebas más complejas luego de que autoridades localizaran cuerpos y restos humanos en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, al sur del estado, durante la búsqueda de al menos 10 trabajadores mineros desaparecidos desde el 23 de enero.
La Fiscalía General de la República informó que uno de los cuerpos podría corresponder a uno de los mineros, aunque hasta ahora no ha confirmado identidades ni el número exacto de víctimas, a la espera de análisis forenses. El hallazgo se registró en la zona serrana del municipio, una región marcada por la presencia de grupos criminales y de difícil acceso para autoridades y prensa.
Este caso vuelve a colocar a Sinaloa en el centro del debate nacional sobre la efectividad de la estrategia federal de seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio de su administración en octubre de 2024. El estado se convirtió en uno de los principales focos del nuevo enfoque gubernamental, que endureció las acciones contra el crimen organizado tras años de una política más contenida.
En los últimos meses, el Gobierno federal ha reportado detenciones, decomisos de armas y drogas, y desarticulación de células criminales en Sinaloa. Sin embargo, la violencia persiste. La desaparición de los mineros y el hallazgo de la fosa evidencian que, pese a los golpes operativos, los grupos criminales mantienen capacidad para cometer delitos de alto impacto.
De acuerdo con información del gabinete de seguridad, una facción vinculada a Los Chapitos estaría relacionada con la desaparición de los trabajadores. La paradoja, según reconocen fuentes oficiales, es que este grupo ha sido catalogado como debilitado, pero aún conserva estructura suficiente para ejecutar acciones coordinadas.
El caso de Concordia se suma a una escalada de violencia en el sur de Sinaloa, que incluye enfrentamientos armados en Escuinapa, ataques a policías estatales y recientes desapariciones en Mazatlán. La expansión del conflicto hacia zonas que antes se consideraban periféricas refleja una reconfiguración territorial del crimen organizado.
Mientras avanzan las identificaciones y continúan las investigaciones, el hallazgo de restos humanos en Concordia deja una conclusión incómoda para las autoridades: la presión sobre el crimen organizado aún no logra contener su capacidad de causar daño, incluso en escenarios donde se presume un debilitamiento de sus estructuras.
La estrategia de seguridad en Sinaloa, eje central del actual modelo federal, enfrenta así una realidad marcada por la persistencia de la violencia, la incertidumbre de las familias y un territorio donde el control criminal sigue disputándose palmo a palmo.
