A casi un mes de la masacre en Salamanca, donde 11 personas fueron asesinadas y al menos 12 más resultaron heridas, la investigación enfrenta cuestionamientos por la falta de claridad en el proceso judicial y la posible liberación de personas detenidas tras el ataque ocurrido el pasado 25 de enero en un campo de futbol del municipio de Salamanca.
El ataque se registró durante la final de un torneo amateur. De acuerdo con las indagatorias, los jugadores no eran el objetivo directo; la agresión se habría dirigido contra guardias de seguridad privada presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que elevó el nivel de violencia y el impacto del hecho entre la población.
La orden desde prisión
Según información contenida en la carpeta de investigación, Javier Lozano Lara, alias “El Flamas”, interno en un penal de Durango, habría ordenado la ejecución del ataque por instrucciones de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. Desde prisión, “El Flamas” instruyó a su abogado para conseguir armas largas, cargadores y coordinar a distintos operadores criminales, entre ellos líderes de células que operan en Salamanca y municipios vecinos como Celaya e Irapuato.
Los informes señalan que el ataque ya se había planeado para un fin de semana previo, pero al no ejecutarse, se integró un nuevo grupo armado que finalmente perpetró la masacre.
Detenciones y evidencias
Dos días después de los hechos, autoridades estatales anunciaron la detención de tres personas, entre ellas Fabián “G”, quien reconoció haber participado como halcón el día del ataque. El detenido declaró que recibió instrucciones vía WhatsApp para vigilar el movimiento de fuerzas federales y enviar fotografías del campo de futbol y vialidades cercanas.
En los dispositivos móviles asegurados a Fabián y a otro implicado, las autoridades encontraron imágenes de cuerpos calcinados, armas de fuego, presunta droga y videos de hombres armados, además de indicios que los relacionan con otros hechos violentos registrados en la región. También fueron localizadas dos camionetas presuntamente utilizadas durante la agresión.
¿Liberación sin proceso?
El caso tomó un nuevo giro cuando el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, evitó confirmar el estatus jurídico de los detenidos al ser cuestionado por la prensa. El funcionario sostuvo que la Fiscalía solo informará cuando existan personas formalmente vinculadas a proceso.
De acuerdo con fuentes del gobierno estatal, los detenidos no habrían sido vinculados a proceso y presuntamente fueron liberados, lo que incrementó la incertidumbre y la indignación social.
A casi un mes de la masacre, la falta de información oficial y la posible liberación de implicados mantienen abiertas las dudas sobre el avance real de la investigación y la impartición de justicia en uno de los hechos más violentos recientes en Guanajuato.
