El presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, informó que sostuvo una reunión con autoridades federales y de Migración para revisar la situación jurídica de los extranjeros que residen en el municipio. El tema surge en el contexto de denuncias por préstamos gota a gota en Salamanca y presuntas extorsiones cometidas por ciudadanos extranjeros desde 2024.

El alcalde confirmó que tiene conocimiento de la presencia de personas procedentes de Colombia en la cabecera municipal. Sin embargo, aclaró que la revisión no se limitará a una sola nacionalidad, sino que abarcará a extranjeros de cualquier origen que residan en Salamanca.

Qué son los préstamos gota a gota y cómo llegaron a Salamanca

Los préstamos «gota a gota» son una modalidad de extorsión que consiste en otorgar créditos informales con tasas de interés abusivas y cobros intimidatorios. Esta práctica existe en México desde 2017 y tuvo su origen en la Ciudad de México, aunque se ha extendido a otras regiones del país.

En Salamanca, las denuncias por esta modalidad son poco frecuentes, lo que dificulta dimensionar el alcance real del problema. Las autoridades municipales reconocen que la falta de denuncias es uno de los principales obstáculos para atender el fenómeno.

Qué busca el municipio con la revisión migratoria

Prieto Gallardo señaló que el objetivo de la revisión no es criminalizar a la población extranjera, sino garantizar que quienes residen en Salamanca lo hagan dentro del marco legal.

«No es en específico de una nacionalidad como tal, pero sí el estatus legal de algunas personas que tienen una estadía en el municipio, y lo que queremos es regularizar y que ellos se sientan cómodos en nuestro municipio, siempre y cuando vengan con el objeto de trabajar o hacer algo legal», declaró el alcalde.

El funcionario prefirió no adelantar información sobre casos específicos. No obstante, aseguró que el tema ya fue abordado con las autoridades migratorias correspondientes para determinar la situación legal de quienes viven en el municipio.

La coordinación entre el Gobierno Municipal y las instancias federales busca atender el problema desde una perspectiva de legalidad y orden, sin afectar a quienes residen en Salamanca con fines lícitos.