Autoridades federales detectaron los equipos entre octubre de 2024 y abril de 2026; especialistas advierten que la cifra podría no reflejar la dimensión real del problema.
Autoridades federales, en coordinación con instituciones de seguridad de la Ciudad de México, retiraron 21 cámaras parásitas en CDMX presuntamente utilizadas por grupos criminales para vigilar zonas, autoridades y posibles organizaciones rivales.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó, vía transparencia, que los dispositivos fueron ubicados y desmantelados entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de abril de 2026, durante la actual administración capitalina.
En estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
De acuerdo con especialistas, este tipo de cámaras se instala de forma irregular en postes, mobiliario urbano e incluso viviendas, con el objetivo de monitorear movimientos de autoridades, rivales o actividades en determinadas zonas.
El analista en seguridad David Saucedo consideró que la cifra reportada resulta baja frente a la dimensión del fenómeno. Señaló que 21 cámaras apenas servirían para vigilar el perímetro de una colonia, por lo que podría existir un subregistro o falta de detección más amplia.
El experto mencionó que en zonas como Buenos Aires, Bondojito o Lagunilla podrían encontrarse dispositivos similares, camuflados como cámaras vecinales, pero presuntamente usados con fines criminales.
Saucedo explicó que este esquema fue adoptado primero por grupos locales como La Unión Tepito, Anti Unión y el Cártel de Tláhuac, y posteriormente por organizaciones criminales de mayor alcance.
El caso de las cámaras parásitas en CDMX también genera preocupación porque este fenómeno ya se ha detectado en otras entidades, como Guanajuato, así como en municipios del Estado de México, entre ellos Naucalpan y Ecatepec.
Las autoridades no detallaron las colonias específicas donde retiraron los dispositivos en la capital, pero el informe confirma que el uso ilegal de videovigilancia se mantiene como una herramienta del crimen para controlar territorios y anticipar operativos.