Suprema Corte renta 91 vehículos y no revela costos del arrendamiento

NacionalSuprema Corte renta 91 vehículos y no revela costos del arrendamiento

La Suprema Corte de Justicia de la Nación transparentó parcialmente su parque vehicular al reconocer que administra 151 unidades, de las cuales 91 son rentadas; sin embargo, no reveló el costo del arrendamiento, lo que mantiene dudas sobre el uso de recursos públicos.

La información se dio a conocer después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exhortara al Poder Judicial a transparentar este tipo de datos. En una primera respuesta, la Corte había reservado la información por cinco años bajo el argumento de seguridad.

Tras la presión pública, el máximo tribunal detalló que solo 60 vehículos son propiedad del Poder Judicial, adquiridos entre 2007 y 2022 con un costo total de más de 20 millones de pesos. El resto, equivalente a 91 unidades, corresponde a vehículos arrendados, pero sin precisar el monto pagado por este servicio.

El informe también revela que la flotilla está compuesta por automóviles, camionetas y motocicletas, en su mayoría destinadas a tareas operativas. Solo una parte menor se utiliza para el traslado de altos mandos y ministros.

En cuanto a unidades con medidas de seguridad, la Corte confirmó la existencia de vehículos con adaptaciones especiales, aunque reservó detalles como el modelo. No obstante, sí informó los costos de adquisición de algunos de ellos, que superan los 900 mil pesos por unidad en ciertos casos.

Además, el documento señala que parte de los vehículos destinados a funcionarios de alto nivel también forman parte del esquema de renta, lo que incrementa la opacidad sobre el gasto real.

La difusión de estos datos ocurre en medio del debate sobre la transparencia en el uso de recursos dentro del Poder Judicial. Aunque la Corte amplió la información inicial, la omisión de los costos de arrendamiento mantiene cuestionamientos sobre la rendición de cuentas.

Este caso se suma a otras decisiones recientes del máximo tribunal relacionadas con el manejo de recursos, como la cancelación de la compra de camionetas blindadas para ministros, en un intento por reforzar la austeridad institucional.

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