De tabú político a tema en estudio
El fracking en México dejó de ser una palabra prohibida en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la fractura hidráulica está “a discusión” como una posible vía para elevar la producción de gas natural y reducir la dependencia energética del país.
La declaración no es menor. Durante años, el fracking fue señalado como símbolo del extractivismo agresivo: alto consumo de agua, riesgos de contaminación y daños ambientales. Hoy, el debate regresa con otro tono. No como consigna, sino como evaluación técnica.
México importa alrededor del 75% del gas natural que consume, casi todo desde Texas. Ese dato no es abstracto: significa que cualquier crisis climática, política o comercial en Estados Unidos impacta directamente el precio de la electricidad en hogares mexicanos. Ya ocurrió en 2021, cuando una tormenta invernal disparó costos y puso en riesgo el suministro.
Sheinbaum planteó que un grupo de expertos analizará si es viable producir gas no convencional bajo estándares más estrictos, con reciclaje de agua y tecnologías menos contaminantes. La presidenta no habló de permisos ni fechas, pero sí de soberanía energética.
El dilema es claro. México necesita más energía propia, pero también enfrenta compromisos ambientales y una ciudadanía crítica ante proyectos de alto impacto ecológico.
El fracking en México ya no se descarta de entrada. Ahora entra al terreno de la ciencia, la política y el costo social. La pregunta no es solo si se puede hacer, sino bajo qué condiciones y con qué consecuencias.