La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resolvió no ejercer acción penal contra una mujer de 21 años tras la muerte de su esposo, al concluir que actuó bajo la figura jurídica de legítima defensa. La decisión se sustentó en dictámenes médicos, periciales y testimoniales que acreditaron un contexto de violencia familiar y peligro inmediato.
De acuerdo con la autoridad ministerial, la agresión ocurrió dentro del domicilio de la pareja y representó un riesgo real para la integridad física de la mujer, quien respondió durante un episodio de violencia que no cesó en el momento de los hechos.
Agresión ocurrió en un domicilio de Coyoacán
Los hechos se registraron el 11 de enero de 2026 en una vivienda ubicada en la colonia San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán. Según la investigación, el hombre llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol y comenzó a agredir físicamente a su pareja.
Durante el ataque, la mujer recibió múltiples golpes en el rostro y buscó resguardarse dentro del inmueble. Sin embargo, el agresor la siguió hasta una recámara, donde continuó la agresión.
En ese contexto, la mujer tomó un cuchillo de cocina y lesionó al hombre en una pierna, con afectación en la zona femoral. Familiares trasladaron al herido a un hospital, donde posteriormente falleció a causa de la lesión.
Dictámenes confirmaron agresión real y actual
Como parte de la carpeta de investigación, el Ministerio Público analizó dictámenes médicos y periciales, los cuales confirmaron que la mujer presentaba diversas lesiones, entre ellas una fractura nasal. Estos elementos permitieron establecer que la agresión era real, actual y que no existía una alternativa inmediata para detenerla.
La Fiscalía explicó que, conforme al marco legal vigente, la legítima defensa excluye responsabilidad penal cuando una persona actúa para proteger su vida o integridad ante un peligro inminente, siempre que la respuesta sea proporcional a la amenaza.
Caso cerrado sin imputación penal
Tras valorar las pruebas, la autoridad determinó no continuar con el ejercicio de la acción penal y dio por concluido el procedimiento. La mujer recuperó su libertad y el caso quedó cerrado conforme a los criterios jurídicos aplicables.
La Fiscalía reiteró que este tipo de resoluciones se basan en el análisis integral de los hechos y en la protección de las víctimas de violencia familiar, cuando se acredita que actuaron para salvaguardar su vida.
