Una balacera en la alcaldía Cuauhtémoc durante un operativo policial contra el cobro de piso no solo dejó personas detenidas y a un elemento de seguridad herido, sino que abrió una línea de investigación que ha llamado la atención de las autoridades: la posible operación de una red de extorsión ligada a un despacho de abogados.
De acuerdo con información oficial, la acción se derivó de la denuncia de una empresa que era víctima de extorsión por un monto de 12 millones de pesos, exigidos como condición para permitirle continuar con sus actividades. Tras recibir el reporte, autoridades capitalinas desplegaron un operativo de inteligencia para detener a los presuntos responsables en el momento en que pretendían concretar el cobro.
Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Cuauhtémoc, donde los sospechosos abrieron fuego al notar la presencia policial, lo que provocó un intercambio de disparos que generó momentos de tensión entre vecinos y transeúntes. Durante el enfrentamiento, un agente resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde se reportó fuera de peligro.
Tras controlar la situación, las autoridades detuvieron a seis personas, además de asegurar armas y otros indicios relevantes. Sin embargo, las investigaciones posteriores apuntan a que este grupo no operaba de manera improvisada, sino bajo una estructura más organizada que presuntamente utilizaba un despacho legal como fachada para ejercer presión sobre sus víctimas.
Según las líneas de investigación, algunos de los detenidos se presentaban como abogados o asesores legales, y presuntamente combinaban amenazas legales con intimidaciones físicas para obligar a empresas y particulares a realizar pagos ilegales. Este esquema habría incluido el uso de golpeadores y otras formas de coerción para reforzar las exigencias económicas.
Las autoridades aclararon que no existe aún una resolución judicial, por lo que el caso se mantiene bajo investigación para determinar responsabilidades y establecer si hay más personas involucradas. El episodio ha puesto nuevamente sobre la mesa el impacto del cobro de piso en la vida económica de la ciudad y la necesidad de que las víctimas denuncien para frenar este tipo de delitos.
